Izquierda
Peajes y concesiones

Buena razón para cambiar de Constitución: el TC protege los intereses de las empresas multinacionales

La Constitución Política del Estado y el Tribunal Constitucional protegen los intereses de las empresas concesionarias de cobro de peajes que han celebrado con el Estado contratos excepcionales que ninguna ley puede modificar. ¿Cómo es posible esto?

(Imagen): Elaboracion Elcamino.pe

Redacción El camino prensa

elcamino@gmail.com

Actualizado el 26/08/2020 a las 18:52

Este martes 25 de agosto, el Tribunal Constitucional declaro por unanimidad inconstitucional la Ley N° 31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia.

peaeslima Fuente: Enfoquederecho.com

Como antecedente, es preciso recordar el pasado 07 de mayo de 2020, el Congreso de la República aprobó la Ley N°31018, Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia nacional declarando a causa del brote de Covid-19. Esta Ley, con articulo único suspendió con carácter excepcional y provisional el cobro de peaje a todas las unidades de peaje, con el objeto de evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio, mientras dure el estado de emergencia nacional.

Así mismo, el articulo único, disponía que dicha suspensión del cobro de peaje no causará ni generará derecho compensatorio alguno para las empresas que realizan dicha actividad. Es importante recordar también que, el presidente Martin Vizcarra había observado dicha norma, por lo que el congreso lo reconsideró e insistiendo en el texto aprobado en sesión del pleno de fecha 03 de abril de 2020, promulgó dicha Ley, pese al rechazo y negativa que manifestó la CONFIEP.

whatsapp-image-2020-03-30-at-2-53-28-pm Fuente: Provias

Los intereses económicos de las grandes empresas concesionarias contra la Ley N°31018, habían salido ya a la luz incluso antes de su promulgación, con el pronunciamiento de la CONFIEP y la votación de partidos como el Partido Morado. Dado que el congreso insistió y se promulgó la Ley, el Tribunal Constitucional, en clara muestra de su posición pro-empresas multinacionales, se promovía para salvaguardar y proteger dichos intereses.

Según dice la titular de TC, Marianella Ledesma Narváez, esta acción que viene tomando el Tribunal Constitucional “nos sitúa una vez mas a la vanguardia del servicio de la justicia constitucional, cada vez más democrática, más transparente e inclusiva”. Desde este medio nos preguntamos, ¿inclusiva?, ¿democrática?, ¿para quién? Porque, muchas empresas y negocio pequeños han paralizado su funcionamiento durante el estado de emergencia y no han gozado de los privilegios que el TC y la constitución le reconocen hoy a las multinacionales.

Es así que nos encontramos con que uno de los grandes problemas de este país es la misma Constitución Politica del Estado promulgado por el fujimorismo que ha puesto un marco general legalizadora del entreguismo y de las políticas saqueadoras de los recursos del pais.

El artículo 62 de la Constitución dice que: “mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”. Siendo así que las principales concesiones mineras, portuarias y también de cobro de peajes, han sido adjudicados a las empresas multinacionales mediante contratos-ley, brindándole toda la seguridad y estabilidad a empresas como IIRSA Norte (Paita-Loreto), Autopista del Norte (Pativilca-Santa-Trujillo y puerto Salaverry), Norvial (Ancón-Huacho-Pativilca), Desviandes (Carretera central -DV. Cerro de Pasco), Rutas de Lima, vinculado con Odebrecht, que cobran peajes en Lima Metropolitana, entre otros más.

PEAJES Fuente: Gestión y Elaboración Propia

Hay que decirlo claro, la declaratoria de inconstitucional de la Ley que suspendía el cobro de peajes, es la confirmación del carácter entreguista de la Constitución Política del 1993, y una manifestación de que, pese a que existan muchas normas promovidas por el pueblo o algunos congresistas con vocación nacional y popular, cada una de dichas nomas se van a ver truncados e impotentes ante la omnipresencia de la carta magna que hace del Perú madre de extraños y madrastra de sus propios hijos.

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