Izquierda
Medioambiente

¿Por qué la CONFIEP y las grandes empresas no quieren el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú no pone en peligro la soberanía del Estado sobre los recursos naturales sino la explotación irracional por parte de las multinacionales que destruye el medio ambiente y a las comunidades. Aquí vamos a aclarar y desmentir la campaña de desinformación propalada por las grandes empresas dedicadas a la extracción de materia prima y sus representantes.

(Imagen): El Camino. Confiep no quiere el Acuerdo de Escazú.

Redacción El camino prensa

elcamino@gmail.com

Actualizado el 31/07/2020 a las 10:20

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que busca consolidar los derechos de la población en torno al acceso a la información y protección del medio ambiente, se encuentra actualmente esperando su ratificación por el Congreso de la República, y siendo objeto de una campaña masiva de desinformación, promovida por los grupos de poder económico nacionales y extranjeros vinculada a la banca y las grandes compañías extractoras, que buscan proteger sus fuentes de acumulación de riqueza basadas en la explotación irracional de nuestros recursos naturales.

En las últimas semanas se han vertido diversos pronunciamientos con posiciones opuestos, por un lado, de las organizaciones ambientalistas y personalidades democráticas que defienden e impulsan la ratificación del Acuerdo de Escazú como un instrumento valioso y novedoso que garantiza derechos como el acceso a la información ambiental; y por otro lado, de los grupos de poder económico y sus representantes, con campañas en los medios de comunicación, periódicos y redes sociales, que con visiones interesadamente incongruentes e incoherentes, buscan generar enfrentamientos entre la misma población. Con discursos de supuesto nacionalismo que les nace solo cuando buscan obstaculizar el desarrollo e implementación de instrumentos normativos que tiene por objetivo protegen entornos ambientales que actualmente vienen siendo saqueados.

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Por otro lado, fue latente el conflicto dentro del Ejecutivo. La ex Ministra de ambiente Fabiola Muñoz pidió la ratificación del Acuerdo de Escazú; no obstante la posición de la actual titular aún se encuentra en incertidumbre, y mientras el ex Ministro de Relaciones Exteriores, en términos generales, no se encontraba conforme con los lineamientos del acuerdo. Asi mismo, el actual canciller, en una entrevista realizado por el Canal N, sostuvo “que es mejor seguir conversando los pro y contra”. Se presume que el giro dado en este sentido por el gobierno se orienta hacia una posición más conservadora que pondría en riesgo la ratificación del acuerdo, ya que los últimos ministros designados, son abiertamente defensores de las empresas y de la CONFIEP.

Los sectores políticos y empresariales antidemocráticos que anteponen sus intereses al desarrollo de los pueblos, agrupados en la autodenominada “Coordinadora republicana”, se pronunciaron y algunos remitieron una carta al Congreso de la Republica en rechazo de la ratificación del Acuerdo de Escazú con planteamientos ambiguos y carentes de un sustento real.

Entre ellos se encuentra el Fujimorismo (Fuerza Popular) a través de su ex congresista y congresista Luz Salgado y Martha Chávez, respectivamente, los excancilleres de los gobiernos de Aprista y Fujimorista; además el vocero APP- Fernando Meléndez y de la misma forma Antero Flores Araoz, reconocido representante de la derecha peruana. Tampoco la CONFIEP, han sido ajena a esta campaña, al pronunciarse y presionar junto con la SNMP (Sociedad Nacional de Minería y Petróleo) aliados con los militares antipatrióticos (la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú). Del mismo modo, se sumaron a esta campaña de desinformación y presión, las Cámaras de Comercio de Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Tacna y Piura, y otras agremiaciones empresariales.

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Todos coincidiendo con sus argumentos propios del neoliberalismo extractivista, con poca certeza y fundamento, entre ellos los más comunes tenemos: “El Acuerdo de Escazú entregaría la soberanía de la Amazonia peruana y el 53% del territorio nacional”; “ El Acuerdo de Escazú otorga competencia para resolver controversias a Cortes Internacionales como el de La Haya”; “El Acuerdo de Escazú paraliza las inversiones mineras y otras relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales por lo que peligraría la economía”; “El Acuerdo de Escazú es una imposición de grupos ideológicos radicales y que solamente se beneficiarían los ONG”; “No es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú porque sus estándares están reconocidos en nuestro legislación nacional”.

El Acuerdo de Escazú no implica la cesión de soberanía de la Amazonia, sino el compromiso del Estado de cumplir con su protección. En el artículo 3° prescribe taxativamente diversos principios de los cuales resaltan para este apartado, el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados”; es decir, reconoce el Derecho inalienable a la libre determinación, por el cual ningún pueblo puede ser privado de sus recursos naturales salvo que se ejerciere en beneficio de su población y no de terceros, sin injerencia externa, condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural.

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La aclaración realizada por la Sociedad de Derecho Ambiental (SPDA), dice claramente que el “Acuerdo incluye las medidas de garantía respetando los estándares nacionales adoptados, que promueve la cooperación y colaboración entre los Estados y en situaciones de controversia promueve la negociación. El Perú mantiene su soberanía, y ha sido justamente en nombre de esa soberanía que ha decidido elevar sus niveles de protección en materia de democracia ambiental protegiendo a los defensores de nuestro medio natural. En el ámbito interno, la tarea es seguir implementando mecanismos efectivos para la defensa de los derechos involucrados”.

Así mismo, la Corte Internacional de Justicia no conoce casos entre particulares o entre Estados y particulares. Claramente el artículo 8.2 del Acuerdo de Escazú, dice que el acceso a la justicia en asuntos ambientales se asegura exclusivamente en el marco de la legislación nacional. En caso existiese conflicto entre Estados, por regla general se debe resolver por medio de la negociación, y es facultativo someter una controversia a la corte mencionada.

En la misma línea de ideas, es falso que la economía del país sufriría un impacto negativo al ratificar este acuerdo. Por el contrario, permitirá fomentar un mejor clima de actividad empresarial ambientalmente transparente y consciente, permitirá generar políticas públicas a base de aportes científicos y la participación ciudadana con información transparente y accesible en el diseño de sus estrategias de negocio. Con lo cual estaremos protegiendo nuestros recursos para nosotros y nuestros hijos, de la rapiña que actualmente viene por ejemplo deforestando la amazonia para la producción de palma aceitera o la minería.

Las negociaciones y la construcción del Acuerdo siempre han sido públicas y con participación de voluntaria de todos los países de América Latina y el Caribe, por lo que no es necesario ser “radical” para buscar asegurar la transparencia, la igualdad, la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el ámbito ambiental a fin de favorecer el desarrollo sostenible de los pueblos

Por estas razones, es necesario deslindar con los argumentos falaces que buscan desinformarnos. Coincidiendo con las palabras del experto Hugo Cabieses- exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, “esta afirmación de los sectores populistas de derecha, contrarios a la globalización de los derechos de los ciudadanos y los pueblos indígenas en particular, no tiene ningún sustento”.

Debemos leer nosotros mismos el Acuerdo de Escazú para no dejarnos engañar.

Es cierto, que ostentamos diversas herramientas jurídicas en el ámbito ambiental, pero no cumplen con estándares adecuados para una democracia ambiental, o cómo se explica la destrucción del ecosistema tan aceleradamente. El modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de un gran número de defensores sociales y ambientales por las fuerzas del orden manejadas por las grandes empresas. La falta de acceso a la información es una de las principales causas de la corrupción en nuestro país; por ello es menester brindar un espacio a los defensores ambientales y a las comunidades para participar en asuntos ambientales, sin restricciones o temor o amenazas.

Leamos el Acuerdo de Escazú y mejor cuestionemos, ¿por qué los grupos de poder se pronuncian unánimemente en contra?¿Por qué recién ahora, cuando la colectividad ha alzado su voz de protesta, si desde la suscripción del Acuerdo de Escazúha transcurrido casi dos años? Lo que es real es que las grandes empresas y sus representantes ven un problema que exista normas que los obligue a entregar información sobre las consecuencias de los proyectos extractivos y contaminantes de nuestro entorno ambiental. Vienen fingiendo preocuparse por la defensa de la soberanía nacional cuando son ellos los que han entregado la explotación de nuestra materia prima a empresas extranjeras.

La razón de esta campaña de desinformación es simple: sus grandes compañías y sus actividades ilegales en la explotación de los recursos naturales en la Amazonia, del cual no rinden cuentas a nadie. No les preocupa la soberanía ni la biodiversidad peor aún de otorgar el derecho de opinar a los pueblos indígenas, la misma, es la clara muestra de que no se pronuncian respecto a NAMRU (Unidad de Investigación Médica Naval) controlada por la marina de guerra de los EE.UU, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI del Banco Mundial, los Tratados de Libre Comercio (TLC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Convención del Mar.

Veamos el cinismo en estas organizaciones. Por ejemplo, la deforestación es un fenómeno alarmante. “El 2019 perdimos 161,625 hectáreas de bosque primario amazónico peruano” (Monitoring of the Andean Amazon Project MAAP); “Cinco instituciones financieras (bancos y fondos de inversión más poderosos de la planeta) han invertido casi US$ 6 mil millones en proyectos de extracción de petróleo en la amazonia occidental en los últimos tres años, la misma que se extiende por más de 30 millones de hectáreas que comprende el 25% de los bosques distribuidos entre Colombia, Ecuador y Perú” (Amazon Watch).

La campaña de desinformación viene utilizando sus clásicas estrategias para causar pánico. Miguel Rodríguez Mackay tildó el impulso de la ratificación “La izquierda Latinoamérica y la peruana con la espada desenvainada”. En respuesta a ello solo diremos que si alguna vez la CONFIP y los grupos de poder se pronuncian en contra de alguna política ambiental es porque beneficia a la colectividad y contraviene a sus intereses económicos.

Finalmente, ¿es justo esperar con manos cruzados un catástrofe similar o peor de lo que estamos experimentando en la actualidad? Ante nuestros ojos la contaminación ambiental está incrementado por enriquecer bolsillos de unos cuantos. El cambio climático arrasará con nuestra especie a la vista y paciencia de todos, y el futuro de nuestras generaciones peligra. Por tanto, no permitamos proyectos que destruyan a nuestro ecosistema en nombre del progreso sino exijamos estándares ambientales dignos a nombre de la vida, de los derechos humanos y justicia ambiental para el desarrollo sostenible y la participación ciudadana.

Compartimos aquí el texto completo.

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Por: Hevila De La Cruz Sifuentes

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