Izquierda
Covid-19

¿Ultimátum de 48 horas para las clínicas privadas?

Viendo en retrospectiva el ultimátum del presidente Vizcarra hacia las clinicas privadas, puede ser una acción mas de la estrategia comunicacional del gobierno, mas enfocado en movilizar emocionalmente a la opinión pública que en conseguir objetivos reales. ¿Por qué recién después de 100 días?

(Foto): Reunion de Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus con representantes de las clínicas privadas y de la Confiep.

Redacción El camino prensa

elcamino@gmail.com

Actualizado el 25/06/2020 a las 12:36

"Regla del tonto": hacer ultimo lo que se debe hacer primero.

En el Perú, el pasado 30 de abril, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) informó que había autorizado a 135 empresas “para la fabricación, importación y uso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos" y en particular para “la importación de pruebas rápidas".

Desde entonces diferentes medios periodísticos y usuarios de redes sociales han denunciado abusos que vienen cometiendo diferentes clínicas privadas, no solo con la aplicación de “suspensión perfecta de labores” sino también con cobros excesivos a los pacientes. Según denunció Ojo Público, la Clínica Delgado, establecimiento de salud que forma parte de la Red AUNA y del Grupo Salud del Perú SAC, había cobrado S/. 569.00 a un paciente por la realización de la prueba Covid-19. Puesto que su resultado fue positivo, cuando solicitó internarse pese a no tener contrato de un seguro le dijeron que antes debía pagar una garantía de S/. 25.000.

El 03 de junio de 2020, la Contraloría General de la Republica denuncio que “centros de salud privados de Lima cobraron por pruebas moleculares para la detección del covid-19, pese a que el Instituto Nacional de Salud (INS) las entregó y procesó de manera gratuita”. En total, 19,746 muestras biológicas remitidas al INS, por las cuales las clínicas efectuaron cobros por el servicio de diagnóstico que oscilan entre los 422.72 y 576.61 soles.

Por otro lado, según el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú los costos están en S/. 8,000 y están dispuestos a atenderlos a S/ 4,620. Y, dado que el Sistema Integral de Salud (SIS) pide que el costo de las clínicas de nivel II sea S/ 3,320.50 y S/ 3,539.65 en las de nivel III; y por hospitalización es S/ 757.39 y S/ 759.66, respectivamente, no hay acuerdo hasta este momento.

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Después de haber transcurrido 100 días desde la declaratoria de cuarentena en el Perú, 55 días desde que las clínicas fueron autorizadas para atender pacientes con sintomatología de Covid-19 y, 21 días desde que la Controlaría General denunció los abusivos costos de las clínicas privadas; recién hoy, el presidente Martín Vizcarra anuncia que piensa tomar acciones al respecto si en 48 horas las clínicas privadas no aceptan su propuesta de establecer costos fijos de los servicios de Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), según esbozó el SIS, de S/ 3,320.50 y S/ 3,539.65 en las de nivel II y nivel III respectivamente.

En la conferencia de prensa del medio día, el presidente Martin Vizcarra, anunció que de no llegar a un acuerdo entre las clínicas privadas respecto al uso de los servicios de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se aplicará el artículo 70 de la Constitución de la República, que permite la expropiación de la propiedad privada, en tanto esta solo se aplicará durante dure la pandemia del Covid-19.

Pese a que muchos medios han dado cobertura positiva al presidente y algunas personas lo han aplaudido; de estas declaraciones hay mucho pan por rebanar.

Primero, el presidente, después de 100 días de cuarentena recién esta en diálogos con las clínicas privadas, en ningún momento ha tomado la decisión, como en otros países, de entregar la administración de esos centros privados al MINSA.

El tan mencionado Artículo 70° de la constitución, literalmente dice lo siguiente:

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.”

Es muy improbable que el gobierno expropie las clínicas privadas, dado que los grandes grupos de poder económico, han demostrado una y otra vez, que son ellos, los que deciden finalmente el rumbo de la política en este gobierno. También, cabe resaltar que el presidente ha hablado del Artículo 72° de la constitución que establece las restricciones por seguridad nacional, con lo cual, la ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Como es el caso de las clinicas privadas.

Viendo en retrospectiva, el gobierno de Vizcarra viene aplicando estrategias comunicacionales mas enfocados en movilizar emocionalmente a la opinión pública que en conseguir los objetivos reales. Quiere decir, como explica la Consultora Política GOBERNA, “que cada acción del gobierno consiste básica y casi exclusivamente en una estrategia de comunicaciones que tiene como fin generar sensaciones, emociones y sentimientos sobre la gran mayoría de la población y sobre los grupos de interés más allá de lograr un objetivo claro y concreto sobre los problemas que se presentan en la realidad.” Si bien puede ser util ese mensaje para presionar a las clinicas privadas; sin embargo, el mensaje de esta mañana no dista mucho de las estrategias anteriormente usados.

Ya en el mes de marzo países como Irlanda han estatizado de manera temporal los hospitales privados para enfrentar el coronavirus, con el objetivo de que todos los hospitales de dicho país atiendan gratuitamente a todas las personas infectados por el Covid-19. España también puso la sanidad pública, privada y militar bajo un mando único del Gobierno para atender la emergencia sanitaria.

En el Perú, no solo es que las clínicas privadas vienen aprovechándose de las necesidades de acceso a salud que ha generado esta pandemia, sino que, además, viene aplicando la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores o reduciéndolas al salario, pese haber adquirido beneficios de Reactiva Perú como es el caso de las clínicas Jesús del Norte, San Gabriel y San Pablo.

Último minuto

Segun las declaraciones de Max Hernández, mediador en la reunión entre el Gobierno y las clínicas privadas, estos, en las ultimas horas del 24 de junio, "llegaron a un acuerdo para fijar una tarifa respecto al monto que se cobrará por la atención a los pacientes con coronavirus (COVID-19), siendo un valor S/ 55,000 más IGV por la atención, sea por el periodo que sea, que puede ser desde un día o dos días o hasta más allá de 30 días".

La amenaza de expropiación realizado por el presidente Vizcarra solo ha exacerbado aún más las ganas de lucro de los empresarios. Viendo la tendencia de recuperación y fallecimientos de los pacientes que hay en el país, este acuerdo resulta mas beneficioso para los intereses de las clínicas privadas que antes del supuesto ultimátum por parte del presidente.

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