Izquierda
Medioambiente

Acuerdo de Escazú sigue traspapelado en el Congreso de la República desde agosto de 2019

Se estima que en la Amazonia del Perú existen al menos 20 grupos de Pueblos indígenas en situaciones de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) que vienen siendo afectados por los intereses económicos las grandes empresas y corporaciones que están saqueando el medio ambiente indiscriminadamente, provocando la pérdida irreparable de la biodiversidad, y la cultura y la paz social. Escazú, es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe.

(Imagen): Escazu, Amnistía Internacional

Redacción El camino prensa

elcamino@gmail.com

Actualizado el 26/06/2020 a las 17:23

El 05 de agosto del 2019, el Congreso de la República ingresó el Proyecto de Resolución Legislativa Nº 04645/2019-PE, para su revisión por la Comisión de Relaciones Exteriores, y su posterior debate en el Pleno del Congreso con el objetivo de lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún pronunciamiento pese a tratarse de Derechos Fundamentales y la necesidad de conservar el medio ambiente con los mecanismos idóneos.

Este silencio y olvido ha generado mucho malestar, que en las redes sociales, mediante pronunciamientos y mesas de diálogo, diferentes organizaciones han creado la página de Facebook “EscazúAhora- Perú”. Incluso estas organizaciones en conjunto han enviado una carta al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gilmer Trujillo, con el único objetivo de generar presión sobre la importancia de ratificar dicho acuerdo; por otro lado, también algunos congresistas como Marco Antonio Verde, Lusmila Pérez,Lenin Abraham Checo, José Antonio Núñez, Daniel Federico Olivares, Carlos Alberto Almerí, Felicita Tocto y Alexander Lozano se han sumado a esta importante inciativa.

En Perú son alarmantes las cifras de conflictos ambientales (63.3%), la limitación de derechos y asesinatos de defensores (as) ambientales, entre los que se encuentran lideres(as) indígenas, activistas jóvenes y otros actores sociales esenciales para la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio. Por tanto, una implementación efectiva de los derechos al acceso a información, mediante una democracia ambiental fortalecida puede contribuir a construir y consolidar la paz. Esta puede también aportar en la construcción de un país más equitativo donde quienes defienden el ambiente puedan ejercer sus derechos por lo menos con todas las garantías legales, y de esta manera disminuir los conflictos socioambientales que afectan a la población más vulnerable, y es verdad, que los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta. seestanuriendo

Se estima que en la Amazonia del Perú existen al menos 20 grupos de Pueblos indígenas en situaciones de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Y, es muy lamentable que superponiendo los intereses económicos de las empresas, y corporaciones, que siguen saqueando el medio ambiente indiscriminadamente, provocando la pérdida irreparable de la biodiversidad, y la cultura y la paz social.

La violencia surge, entonces, como consecuencia de un sistema que no garantiza los derechos y que afecta la democracia, y llega muchas veces después de que las comunidades han carecido de acceso a la información, o esta les llega de manera distorsionada y distante de sus patrones culturales, de que se les excluye en la toma de decisiones y de que enfrentan barreras para acceder a la justicia en asuntos ambientales porque es notable la agresiva realidad que viven los defensores ambientales en nuestro país y, en general en toda América Latina. Es importante aprender a repensar sobre la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y entender por qué los derechos humanos están estrechamente ligados. Un defensor ambiental es un defensor de los derechos humanos. Reflexionar el rol de las comunidades indígenas en la agenda ambiental y climática que amenaza el impacto en sus medios y modos de vida, y de los “modelos de desarrollo” que nos conllevan a esta situación.

En ese sentido, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre el medio ambiente y derechos humanos de la región, y el primer instrumento vinculante en el mundo en que se reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente y que contiene disposiciones específicas de estos, en él se incluye también obligaciones para su protección, siendo un ejemplo de un nuevo modelo de gobernanza, los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En ese entendido, la democracia ambiental gira a base de tres pilares fundamentales:

1. Derecho a acceder a la información ambiental. Los desafíos ambientales actuales de nuestro mundo demandan una implementación inmediata y efectiva de los derechos de acceso en cuestiones ambientales y toma de decisiones para garantizar los derechos humanos y un futuro sostenible para nuestro planeta. Nuestro país ha generado una serie de instrumentos legales con la finalidad de fomentar la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental y fortalecer la capacidad que tiene la ciudadanía para demandar y obtener la información oportuna y confiable pero hasta la actualidad no se está cumpliendo de manera efectiva y continua vulnerando un Derecho Constitucional;

2. Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente; Este derecho a participar significa que quienes se van a ver afectados por cualquier actividad, tienen el derecho a alzar la voz y a convertirse en actores en la formulación de su futuro. Tal es así, que en Perú tomo un aparente prioridad para la protección de los derechos de los pueblo indígenas después de los luctuosos sucesos de Bagua en el año 2009, se promulgó la Ley de Consulta Previa, Ley N° 29785, en el año 2011; y al año siguiente, su reglamento. Sin embargo, lo que supuso un punto de partida positivo, no ha traído consigo avances significativos; además de ello existen otras normativas que siguen recortando sus Derechos; y,

3. Derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales. El acceso a la justicia ambiental y a recursos efectivos es el tercer pilar de la democracia ambiental y constituye una garantía fundamental para que las comunidades y las personas busquen reparación cuando se vean afectados su medio ambiente y sus derechos, y en nuestro país aún es invisible normas al amparo de los Defensores ambientales fruto de criminalización de la protesta.

El Acuerdo de Escazú como tratado compromete a las partes con obligaciones exigibles para los países. Hasta el último momento, fue difícil la lucha para lograr el consenso acerca de la naturaleza del Acuerdo. La sociedad civil siempre recalcó que la única manera de tener éxito en este proceso era que los países se comprometieran con obligaciones fuertes y exigibles, solo posible con la adopción de un tratado. En la Página de CEPAL se verifica al 26 de junio del 2020 que son 9 países que ratificaron de 22 países firmantes; En Latinoamérica, Chile con Piñera y Brasil con Bolsonaro existe la probabilidad que no ratifiquen el acuerdo, por cuanto no les favorece en el modelo de desarrollo adoptado, basados en el capitalismo depredador.

La ratificación del Acuerdo de Escazú aun es incierta, a pesar de una dura negociación política, la democracia ambiental se remonta al año 1994, un hecho de trascendencia mediático internación en tema ecológico: Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, que fue base y punto de referencia para la creación de políticas ambientales y leyes orientadas al desarrollo sostenible y derecho ambiental internacional, y con la cual instauró en su Principio 10 el acceso el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia como la mejor manera de tratar los asuntos ambientales; brindando la posibilidad de la construcción de un sistema de gobernanza para resolver los desafíos ambientales de nuestro tiempo.

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En junio de 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20, diez países de América Latina y el Caribe firmaron “La declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo” en la cual los Estados firmantes reconocieron lo esencial que son los derechos anteriormente mencionados. En consecuencia, se comprometieron a explorar la viabilidad de un instrumento regional que garantizara la plena implementación de los derechos de acceso.

Luego de dos años de trabajo preliminar en noviembre de 2014, los países iniciaron la negociación de un acuerdo regional. El Comité de Negociación inicio sus labores en mayo de 2015 y en total fueron nueve reuniones hasta el 04 de marzo de 2018, fecha en la que, por unanimidad, los 24 países Estados asistentes de la región incluido Perú adoptaron el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, que marcó varios hitos en Latinoamérica, siendo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En setiembre de 2018, se abrió oficialmente el tratado para la firma y ratificación y desde ese entonces los Estados que demuestren su verdadero compromiso con la democracia ambiental; en consecuencia, el acuerdo solo podría empezar a implementarse sí 11 Estados lo firman y lo ratifican.

Finalmente, es verdad que nuestro país ha desarrollado políticas públicas implícitas que favorecen la aplicación de los derechos de acceso a la información y la participación, pero existe una brecha importante que obstaculiza el pleno ejercicio de acceso a la información, participación y justicia, especialmente para las poblaciones vulnerables. Por ello, es de imperiosa necesidad que ratifiquemos el Acuerdo de Escazú, porque reafirma el compromiso del Estado, y este instrumento brindará un marco importante para orientar la evolución de la administración de justicia ambiental en el Perú para poder prevenir y atender situaciones que pueden afectar al ambiente, la preservación de recursos y la vida de las personas. Luchemos por la defensa de nuestra madre naturaleza y para el respeto de la vida e integridad de los defensores ambientales.

Por: Hevila De La Cruz Sifuentes
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